Trabajadores

Según fuentes internacionales, Colombia es uno de los países más peligrosos en los cuales realizar actividades sindicales. El estado colombiano no hace caso de el derecho de los trabajadores a asociarse, tener contratos e ir a huelga.

Adicionalmente hay una “guerra sucia” y aumenta la persecución al ejercicio de los derechos sindicales. Entre 1991 y 1998, fueron asesinados 627 trabajadores por motivos políticos, 57 fueron víctimas de “desapariciones forzadas,” 34 fueron secuestrados y 32 fueron torturados.

Los trabajadores son castigados cuando procuran formar sindicato, las garantías de estabilidad del empleo son virtualmente nulas y la legislación laboral impide la creación de sindicatos de industria, de federaciones o de confederaciones.

Las amenazas de muerte fuerzan a muchos activistas abandonar sus hogares y actividades sindicales. Esta represión y criminalization de la actividad sindical y la preón sistemática a los trabajadores de base para no sindicalizarse están diezmando las organizaciones y están haciendo que los trabajadores se retiren de sus sindicatos.

Un indicador que revela de esta situación es que son solamente 6 por ciento de la población económicamente activa está sindicalizada actualmente.

También, el derecho a un contrato colectivo se viola con los “pactos colectivos” (los acuerdos de trabajo de iniciativa patronal sin el respaldo jurídico de una convención colectiva negociada por sindicatos verdaderos), firmados a menudo por los trabajadores intimidados por sus patrones.

Finalmente, el derecho a la huelga se restringe seriamente en Colombia, dado que a los trabajadores gubernamentales se les niega por ley este derecho y el derecho a la huelga de los trabajadores del sector privado esta seriamente limitado.

La Corte Suprema de Justicia ha determinado como ilegal cualquier tipo de huelga en el sector público, ignorando los derechos de un segmento significativo de la mano de obra, dado que consideró tales huelgas afectan servicios públicos “esenciales”.